Hacienda

Hoy puede leerse en varios medios la noticia.

El TSJ ha desestimado el recurso de apelación que el ayuntamiento de Rocafort presentó contra la sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia que anulaba la aprobación del presupuesto de 2004 por no poner a disposición del grupo municipal socialista la documentación necesaria para su estudio y debate y por presentar defectos en su confección y anexo de inversiones.

El Tribunal desestima los argumentos del Ayuntamiento indicando que “a la vista de lo actuado ha de afirmarse que no son ciertos”. Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.
El juzgado que sentenció en primera instancia, y cuyo fallo ha sido avalado en todas sus partes por el TSJ, afirmaba que el Ayuntamiento de Rocafort “incumplió de forma palmaria la obligación de aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre[…], que no se aportó el preceptivo informe de la Intervención municipal, que se negó a los concejales socialistas copia de la documentación[…] y que no son de recibo las vagas justificaciones de la administración demandada [el Ayuntamiento]. En la citada sentencia, el tribunal advierte al alcalde su responsabilidad al respecto y le recuerda que “…de forma tan clara se podría haber evitado el proceso: el alcalde ordenando la entrega de las fotocopias y permitiendo la consulta de los expedientes reseñados, y la Secretaria no olvidando que es de su responsabilidad la emisión de copias de los Libros y documentos que existan en las diversas dependencias municipales”

El grupo municipal socialista ha solicitado un informe técnico para valorar las actuaciones que deben llevarse a cabo tras quedar anulado el presupuesto de 2004 y todo lo que se deriva de las actuaciones irregularmente efectuadas a su amparo.

Esta sentencia llega en un momento en el que el grupo municipal socialista vuelve a denunciar al gobierno municipal del PP por su continuada negativa a permitir el acceso y consulta de diversa documentación; y muy especialmente en materia urbanística y presupuestaria. La portavoz socialista, Amparo Sampedro, señala que “la práctica democrática señala que el acceso a la información municipal de los concejales en la oposición no debería ser resuelta en los tribunales, pues constituye un derecho fundamental avalado por la Constitución; sin embargo el gobierno municipal sigue instalado en la ilegalidad y en la falta de transparencia de los asuntos públicos”.

(Se puede encontrar más información en este enlace)

La jornada del 31 de julio de 2007 ha tenido su “miga”. Veamos:

El PP había preparado una Maratón en toda regla para “reparar” algunos de los desmanes a los que nos tiene habituados su gobierno municipal.

Día aciago para las pretensiones del PP porque no es fácil justificar tanto despropósito.

Asuntos de Hacienda:

1. El PP propone aumentar la partida dedicada a Fiestas en 40.000€ más de los ya consignados (total: 145.000€). El concejal de Hacienda, Alejandro Llácer, apurado, dice ignorar cuáles son los motivos que mueven al concejal de Fiestas a solicitar este aumento.

2. El PP propone aumentar la partida dedicada a “Actividades Culturales” en 15.000€ más (total: 80.000€). El concejal de Cultura, también A.Llácer, basa su solicitiud en los deseos que le expresa la encargada de la Casa de Cultura. No hay programación, no hay información. El concejal Llácer no puede explicar nada de lo que está ocurriendo en la Casa de Cultura, ni siquiera las razones por las que en menos de 24 horas se decidió un cambio de horario para los trabajadores de ese centro que supuso el cierre de las instalaciones a partir de las 15h. de la noche a la mañana.

El apuro del concejal es tal que no tiene más remedio que aceptar la exigencia de nuestra portavoz, Amparo Sampedro, y convocar una comisión extraordinaria para explicar la situación real de la Casa de Cultura.

3. El PP propone disminuir en más de 11 mil euros la partida destinada a la conservación y reparación del Hogar del Jubilado, y en 2 mil euros la destinada al pago del gasóleo del Colegio San Sebastián, para poder pagarse los sueldos que se  asignaron (Recordemos: el alcalde, en el primer pleno que se celebró, se aseguró el cobro de 4.000€ mensuales -con carácter retroactivo desde el pasado 16 de junio- hasta el próximo mes de diciembre. En el mismo pleno el PP aprobó una remuneración mensual de 1.000€ para sus concejales, sujeta a una ampliación de la partida correspondiente porque el alcalde había acabado con el dinero que había en ella)

4. El PP propone la aprobación de un baremo para acceder a las ayudas de Alimentación en el que prima el hecho de ser “familia numerosa”, frente a una renta mensual, por ejemplo, de 350€ mensuales. La concejala responsable, Ana Llorens, ante el aprieto de tener que explicar tamaña barbaridad, opta por sonreir y se niega a aceptar la propuesta de nuestro grupo municipal para estudiar un baremo más ajustado a la realidad.

5. El PP propone la aprobación de un “cheque-regalo” de 70€, como ayuda para la compra de libros de texto, para todos los niños de Rocafort. Para todos. O sea, que independientemente de que asistan a centros públicos, concertados o privados, todos recibirán una “ayuda” de 70€; de modo que los padres que, libremente, opten por la enseñanza privada de sus hijos, y paguen mensualmente alrededor de unos 600€ por ello, también recibirán este “regalo”. Exactamente el mismo que aquellas familias que opten, libremente también, por la enseñanza pública o para las familias a las que, con menos recursos, el gasto estimado en 300€ por niño, por la compra de libros y de material escolar, les signifique realmente un problema.

Nosotros defendemos en este caso que los recursos públicos han de servir para afianzar y mejorar la enseñanza pública, porque se trata de un SERVICIO PÚBLICO al alcance de todos. La obligación de una administración pública, del Ayuntamiento en este caso, es procurar que las familias que han optado por la enseñanza pública -sea cual sea la razón por la que lo hayan hecho- sean las primeras en beneficiarse de estas ayudas.

El apuro de la concejala Llorens es evidente. Y aunque nuestra portavoz le repite que todos los niños sí son iguales pero no todas las familias lo son, ella no acepta nuestro ofrecimiento de colaborar en el estudio de una mejor redistribución de estas ayudas.

6. El PP presenta la Cuenta General del año 2006, es decir el expediente que registra el movimiento económico de todo el ejercicio. La documentación es escueta. De momento, al grupo municipal socialista se le impide acceder a las facturas que corresponden a cada uno de los apuntes de Gastos. Nuestra concejala Pilar Núñez exige explicaciones. El PP pretende resolver el asunto en apenas una hora y media. Inaudito.

El PP está en un apuro.

 

 

 

 

 

Muchos vecinos nos hemos encontrado en el parabrisas del coche un periódico del Ayuntamiento con “información” sobre el presupuesto del 2007.

Contrasta tanta exhibición de “transparencia” con su interés por llevar el presupuesto al pleno en una hora en que los vecinos no pudieran asistir a su debate: el pleno en que fue aprobado provisionalmente el presupuesto se celebró el lunes día 8 de enero a las 9 de la mañana.

Pero es que además, este llamado Periódico de Información Municipal está plagado de falsedades, ocultaciones y medias verdades. Una primera falsedad es que el Presupuesto esté aprobado. En el momento de salir el PIM, el presupuesto estaba en fase de exposición pública. Y sólo estará aprobado cuando la mayoría del PP desestime en pleno las reclamaciones que puedan interponerse. Las reclamaciones de miembros de la dirección del PSPV-PSOE local pueden consultarse aquí. Y las desestimarán, como han hecho siempre, sin entrar a considerar el peso de los datos y de los argumentos presentados.

Una ocultación clamorosa es que en este presupuesto se destina una partida que, presuntamente (nada se dice en la memoria del presupuesto), corresponde al crédito necesario para cumplir la Sentencia nº 437, de 7 de diciembre de 2006, dictada por el Juzgado de lo Social número 10 de Valencia, por la que se condena al Ayuntamiento como empresa demandada a indemnizar a una trabajadora municipal por un importe total de 31.462,46 euros, (26.462,46 euros en concepto de despido improcedente, más otros 5.000 euros en concepto de daños morales), al haber resultado acreditado que el Ayuntamiento tuvo una conducta hostil hacia dicha persona, calificado como “incumplimiento contractual grave de la empresa, concretamente de una situación de acoso moral”.

Ahora sabemos ya que la sentencia es firme, pues el Ayuntamiento no ha recurrido. Es decir, el alcalde, al no presentar recurso, HA ADMITIDO SU RESPONSABILIDAD EN EL ACOSO MORAL sufrido por la trabajadora municipal a la que ahora hay que indemnizar. Nos alegramos de que ésta pueda cobrar pronto su indemnización, pero resulta escandaloso que, tras admitir el alcalde su responsabilidad, tengamos que pagar los 31.462 € entre todos. Que los paguen don Sebastián y su amiga. Y el resto de concejales del PP, ya que lo han tolerado, que les den una ayudita.

La noticia sobre la sentencia firme por no haberse presentado recurso aparece en la edición de hoy de Levante.

Las familias numerosas de Rocafort podrán acogerse en 2007 a una bonificación del 30% en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Así, en principio, parece una medida “social”. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 74, establece que “la ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte […] esta bonificación”.

Pues bien, en la ordenanza aprobada no se especifica “la clase y características de los bienes inmuebles” a que afecta. Con lo que pueden acogerse a esta bonificación familias numerosas que, a juzgar por las mansiones que habitan, no se puede pensar que necesiten de este tipo de protección.

Como se señala en el escrito de reclamaciones que vamos a presentar contra esta ordenanza, “el establecimiento de una bonificación a las familias numerosas, de acuerdo con la ley que las protege”, tiene por objeto introducir medidas correctoras para que sus miembros no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales y sociales. Evidentemente, cuando no existen tales desventajas, no cabe establecer tales medidas”. Puede suceder que, en vísperas de las elecciones locales, el PP local trate de vender como medida social lo que en realidad no sera otra cosa que un regalo para los más pudientes.

En esta dirección tenéis el texto de reclamaciones que hemos preparado: http://socialistes-rocafort.com/documentos/reclama_ibi.pdf .

ACTUALIZACIÓN DEL ARTÍCULO

El plazo para presentar las reclamaciones es el día 7 de diciembre. (Gracias al comentario de F. Fuertes, que nos ha permitido aclarar este punto.)

Es sabido que una de las actuaciones menos presentables del PP local fue la subida del IBI en 2004 (un 53%) y su tramitación irregular, a resultas de la cual los recibos emitidos en ese año no son válidos. Tras una sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia favorable al recurso del PSPV-PSOE local, el alcalde sigue mirando a otra parte para no devolver el dinero cobrado ilegalmente. (Ver la explicación completa en esta página)
Pues bien: se acercan las elecciones y el gobierno municipal quiere lavarse la cara. Resulta que han aprobado una reducción del IBI a las familias numerosas. ¿A las que no llegan a final de mes? ¿A las que tienen sueldos modestos? ¿A las que proporcionalmente han de pagar menos porque viven en menos metos cuadrados? No: a todas.

Dicho de otro modo: usted, usted, usted y yo, pagaremos proporcionalmente más contribución que una familia numerosa que viva en una mansión de Santa Bárbara y un bien provisto parque automovilístico.

Aunque, malas lenguas dicen que la medida se ha tomado para beneficiar a una familia numerosa que ya obtiene el 20% de las ayudas por comedor en el CP San Sebastián (2 plazas de un total de 10) y se beneficia de un sueldo que pagamos entre todos por un cargo de confianza en el Ayuntamiento.

Apenas seis meses después de aprobado el presupuesto, ya se ha aprobado una modificación de casi 300.000 € para incrementar diversas partidas. Entre otras, la destinada a la limpeza del pueblo: estaban presupuestados 91.000 € y ahora se añaden 95.000 € más. ¿Lo notaremos los vecinos? De momento, esta es la foto que hemos tomado esta tarde en un punto de Rocafort claramente reconocible:

El concejal de Hacienda explica que este incremento se puede hacer gracias al remanente de tesorería de 2005. Pero la verdad es que, de hecho, no existe tal remanente, pues durante el ejercicio de 2005 el Ayuntamiento comprometió pagos por más de 530.000 €. sin que existiera consignación presupuestaria. Si se hubieran contabilizado estas deudas (que han pasado al ejercicio de 2006) no habría habido remanente. Las cuentas son las siguientes:

Remanente de tesorería: …………………………896.004.50 €

Remanente de tesorería para gastos

con financiación afectada…………………………630.201.63 €

Remanente de tesorería disponible……..265.802.87 €

Es decir, el remanente disponible a fecha de 31 de diciembre de 2005 es de 265.802.87 €. Per sin incluir las 540.000 € comprometidos irregularmente por no existir consignación presupuestaria. No hubo, pues remante, sino de nuevo números rojos.

La modificación presupuestaria que ahora se ha aprobado significa que el endeudamiento va a más.

En septiembre nos llegan los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que en 2004 experimentaron el abusivo aumento del 50%. En estas fechas es ineludible hacerse una pregunta e insistir en una reclamación.

La pregunta es si los impuestos que pagamos se coresponden con los servicios que recibimos. La suciedad del pueblo en estos largos días de fiesta o la falta de control en la venta de alcohol a menores puede ser parte de la respuesta.

Y la reclamación en la que no dejaremos de insistir es que se nos devuelva a los vecinos el importe de los recibos emitidos irregularmente en 2004 (abrir la pestañaIBI situada en la parte superior del blog).

A pesar de que es firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha estimado nuestro recurso, el Ayuntamiento ha recurrido al Supremo y no ha previsto en el Presupuesto de 2006 la partida correspondiente. Es evidente que el alcalde está tratando de ganar tiermpo: está haciendo lo posible para que el asunto no se resuelva antes de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2007.

Los miembros del PSPV-PSOE de Rocafort que presentamos el recurso contencioso-administrativo hemos dirigido escritos de reclamación alnte el Alcalde. Y, en caso de no ser atendidos, volveremos a acudir ante el Tribunal Superior de Justicia.

Y, una vez que los jueces obliguen definitivamente al Ayuntamiento a cumplir la ley, todos los vecinos podrán reclamar la devolución de lo que se les ha cobrado ilegalmente.

Las críticas de falta de transparencia que hacemos al gobierno municipal les está obligando a cuidar la imagen.
Por ejemplo, en la web del Ayuntamiento, en la entrada “La Alcaldía informa”, se afirma: “Este equipo de gobierno desarrolla una gestión eficaz y transparente”.

¿Y qué pruebas dan de ello?

Si entramos en “Aprobación Cuenta General” nos encontramos con la información de que se ha celebrado la reunión de la Comisión Especial de Cuentas para dictaminar la Cuenta General de 2005 (con énfasis puesto en que se le entregó una copia de las cuentas al portavoz del Grupo Municipal Socialista) y que la celebración de la Comisión responde a la trayectoria de transparencia del equipo del gobierno.

Veamos, don Sebastián Bosch, presentar la Cuenta General y proporcionar la documentación a los concejales para que cumplan con sus funciones no es un ejemplo de transparencia, sino una obligación señalada por las leyes.
Pero es que además los ciudadanos tienen que saber la verdad:

• La Comisión Especial de Cuentas que debió dictaminar la cuenta de 2005 se convocó con apenas 48 horas de plazo. Todo legal, pero insuficiente para que la oposición examinara en ese tiempo los gruesos tomos de que consta la Cuenta General.
• El Ayuntamiento ha visto anulados por sentencia judicial los presupuestos de 2004 precisamente por no facilitar al portavoz socialista la documentación necesaria para ejercer su función. Así que si ha entregado documentación al portavoz del Grupo Municipal Socalista no ha sido por virtud, sino porque los jueces se lo exigen.
• El gobierno municipal no empezó a presentar las cuentas generales hasta 2004: en ese año se presentaron con enorme retraso las de 2000-2003. Pero las anteriores a 2000 nunca han sido presentadas. Además, las de 2000 y 2001 aún no han llegado a la Sindicatura de Comptes.

Así que menos presumir de transparencia: a ser transparentes, les estan obligando los jueces y les estamos obligando desde la oposición.

Enlaces con información relacionada con este artículo:

• Sobre la anulación por sentencia judicial de los presupuestos de 2004 por comportamiento anticonstitucional
• Sobre la presentación (y no presentación) de las Cuentas Generales.