Hoy puede leerse en varios medios la noticia.
El TSJ ha desestimado el recurso de apelación que el ayuntamiento de Rocafort presentó contra la sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia que anulaba la aprobación del presupuesto de 2004 por no poner a disposición del grupo municipal socialista la documentación necesaria para su estudio y debate y por presentar defectos en su confección y anexo de inversiones.
El Tribunal desestima los argumentos del Ayuntamiento indicando que “a la vista de lo actuado ha de afirmarse que no son ciertos”. Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.
El juzgado que sentenció en primera instancia, y cuyo fallo ha sido avalado en todas sus partes por el TSJ, afirmaba que el Ayuntamiento de Rocafort “incumplió de forma palmaria la obligación de aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre[…], que no se aportó el preceptivo informe de la Intervención municipal, que se negó a los concejales socialistas copia de la documentación[…] y que no son de recibo las vagas justificaciones de la administración demandada [el Ayuntamiento]. En la citada sentencia, el tribunal advierte al alcalde su responsabilidad al respecto y le recuerda que “…de forma tan clara se podría haber evitado el proceso: el alcalde ordenando la entrega de las fotocopias y permitiendo la consulta de los expedientes reseñados, y la Secretaria no olvidando que es de su responsabilidad la emisión de copias de los Libros y documentos que existan en las diversas dependencias municipales”
El grupo municipal socialista ha solicitado un informe técnico para valorar las actuaciones que deben llevarse a cabo tras quedar anulado el presupuesto de 2004 y todo lo que se deriva de las actuaciones irregularmente efectuadas a su amparo.
Esta sentencia llega en un momento en el que el grupo municipal socialista vuelve a denunciar al gobierno municipal del PP por su continuada negativa a permitir el acceso y consulta de diversa documentación; y muy especialmente en materia urbanística y presupuestaria. La portavoz socialista, Amparo Sampedro, señala que “la práctica democrática señala que el acceso a la información municipal de los concejales en la oposición no debería ser resuelta en los tribunales, pues constituye un derecho fundamental avalado por la Constitución; sin embargo el gobierno municipal sigue instalado en la ilegalidad y en la falta de transparencia de los asuntos públicos”.
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20 August, 2007 at 3:03 pm
L. Muñoz
Yo no creo que se impida la información por fastidiar a los socialistas, o -según he oido-, porque “no saben mas”… ¡Y tanto si saben! con un Alcalde que si bien viene del franquismo -como tantos otros- y una teniente de alcalde (Doña Carla) que ademas es Diputada, saben perfectamente que están incumpliendo la ley. No, no dan información por mala leche o ignorancia, no. No dan inmormación sencillamente porque no la pueden dar, deben estar pringados hasta mas arriba del cuello. ¿Que otra razón existe para negarse a la transparencia?. No hay otras razones que un desesperado intento por ocultar todas las barrabasadas que han hecho durante años . Pero me dá que esta vez han encontrado la horma de sus zapatos. Ánimo a todos los concejales que buscais la verdad cueste lo que cueste. ¡Yá está bien!.
24 August, 2007 at 2:29 am
escandalizada
me cuentan lo que llaman “fiestas populares”, leo lo que están haciendo con el gobierno del pueblo, el ALCALDE, a parte de sus cuatromil “del ala”, casorios en villa Amparo, percepciones varias en organismos públicos de los que foma parte y sus “gastos variados” que pagamos todos, sigue tirando de “visa oro” por restaurantes de postín acompañado de amigos y funcionairios…. ¿hasta cuando aguantaremos vecinos y vecinas de este bendito pueblo?.,…
Menos visa oro y mas decoro.
24 August, 2007 at 3:02 pm
ROSARIO
Estoy de acuerdo en casi todo lo que esribe “escandalizada”, solo una cosa, creo que si hay datos del uso de la visa oro del Ayuntamiento en “restaurantes de postín” deberias decir en cual ¿no crees?.
25 August, 2007 at 1:43 am
escandalizada
Rosario, seguramente dar con pelos y señales lo acontecido en un restaurante afamado de la comarca en el que estaba presente cuando se produjo el hecho que comento, no seria correcto. Solo diré que estaba allí y lo ví con mis propios ojos y añadiré que se intentó “negociar” la factura resultante después de hecho el gasto. La tarjeta del alcalde zanjó la situación. Así fué y así lo cuento. Ahora toca que alguien investigue ese tipo de facturas que, repito, pagamos todos.